11 mayo 2006

10 evidencias confirmadas por la sentencia


Condena por la detención ilegal de 10 militantes del Partido Popular


El Ministro Alonso negó ante Zaplana en el Parlamento hasta diez evidencias confirmadas por la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid nº 46/2006.

José Antonio Alonso, entonces Ministro del Interior, negó hace un año, ante el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Eduardo Zaplana, hasta diez evidencias confirmadas por la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid nº 46/2006 que ha condenado a tres funcionarios policiales por la detención ilegal de dos militantes del PP, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz.

Ante las denuncias de Zaplana por las irregularidades cometidas en relación con la detención de los dos afiliados, el actual Ministro de Defensa incurrió en su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, el 3 de febrero de 2005, en un cúmulo de falsedades y contradicciones que la sentencia judicial ha puesto en evidencia. La comparecencia de Alonso se produjo diez días después de practicadas las detenciones.

1. Las supuestas agresiones a Bono

El ministro Alonso hizo buena la versión del principal de los condenados, el comisario Rodolfo Ruiz, cuando éste aseguró a sus subordinados que "si el ministro dice que le han pegado, le han pegado".
Así, en su comparecencia en el Congreso, el ministro aseguró que "si el señor Bono dice que fue sujeto pasivo de agresiones, de empujones, de patadas y de golpes en la espalda, en losriñones, etcétera, si eso lo dice el señor Bono, creo que merece, como ministro del Gobierno de España, una credibilidad clara".

El portavoz del GPP, Eduardo Zaplana, mantuvo a lo largo de la comparecencia que ningún informe o atestado policial reconocieron la existencia de agresiones. Lo mismo que acaba de confirmar la sentencia de la Audiencia de Madrid, y que dictaminó en junio pasado el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, que sobreseyó la causa por las supuestas agresiones a Bono.

2. la manipulación de las diligencias

El entonces ministro del Interior expuso en su comparecencia, de una manera extremadamente simplificada, todo lo relativo al atestado y a las diligencias por las presuntas agresiones al Sr.Bono. Alonso justificó tales diligencias porque se había cometido, según él, un delito de atentado contra la persona del entonces ministro de Defensa.

Zaplana, por su parte, puso de manifiesto que desde la primera nota policial sobre los incidentes, fechada el mismo día de la manifestación de la AVT, el inspector que la realiza, que ha formado parte del dispositivo de seguridad en torno a Bono, subraya que no ha habido agresión al ministro. Lo que se reitera en otro momento de las diligencias, a pesar de lo cualestás continúan.

"¿Por qué -pregunta Zaplana al ministro- se establece literalmente también en las mismas diligencias que hay que identificar todas las personas que tuvieron participación activa en los hechos. ¿Qué hechos, si en las mismas diligencias se establecía anteriormente que no hubo ningún tipo de agresión?".

Es de destacar, en este sentido, que Alonso reprochara a Zaplana que hablase de notas informativas policiales, cuando las "notas no son diligencias policiales". Sin embargo, la Audiencia de Madrid considera probado que el inspector Javier Fernández, otro de los condenados, ordenó convertir la primera nota informativa, que negaba la existencia de agresiones, en las primeras diligencias policiales.

La sentencia considera demostrado que, desde el primer momento, los funcionarios policiales condenados disponían del "material probatorio suficiente para la exculpación" de los militantes del PP, a pesar de lo cual se materializó su detención.

3. El cambio de instructores del atestado

Alonso llegó a asegurar en su comparecencia que es "falso que hubiera habido tres instructores de las diligencias", en contra de lo que afirmaba el portavoz del GPP, Eduardo Zaplana.

La sentencia ha demostrado que, efectivamente, existieron tres instructores del atestado, en una operación tendente a magnificar los hechos ocurridos en la manifestación de la AVT y la presunta implicación de los dos detenidos.

4. La expulsión del segundo instructor

La sentencia considera probado que el segundo de los instructores del atestado fue relegado de sus funciones el día 25 de enero de 2005 por su negativa a practicar la detención de los dos militantes del PP, ya que la consideraba injustificada. La sentencia detalla incluso que el instructor, identificado como inspector 16.444, fue expulsado del despacho por el comisario-jefe de la Brigada Provincial de Información, Rodolfo Ruiz.

A pesar de ello, nueve días después, el ministro Alonso negó estos extremos: "Asimismo es falso que el comisario-jefe expulsara de las dependencias policiales a un funcionario antes mencionado, e igualmente falso que hubiera habido tres instructores de las diligencias, etcétera. Señor Zaplana, probablemente su información no es buena".

5. La fraudulenta identificación de los militantes del PP

En relación con la identificación de los dos militantes del PP como presuntos agresores del Sr. Bono, el ministro Alonso aseguró en su comparecencia que "la policía cruza las fotos y los videos de la manifestación con los archivos del Documento Nacional de Identidad, identifica a esas dos personas, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, para ver quiénes eran de entre los manifestantes y qué es lo que estaban haciendo en la manifestación. La policía determina, después de analizar todas esas evidencias -los videos, las fotos, las declaraciones, etcétera-,que existen motivos racionales para entenderlos implicados en los hechos".

Zaplana insiste en la comparecencia en denunciar que los dos militantes han sido detenidos sin pruebas y pone el dedo en la laga de "una identificación dentro de la investigación policial que no está para nada aclarada". La sentencia de la Audiencia de Madrid demuestra que en el material visionado y las comparecencias ante los instructores del atestado no había constancia de agresión al ministro Bono ni de la identificación de que los detenidos "hubieran participado en actos de hostigamiento contra el mismo".

La sentencia subraya asimismo que, si esto es así en el caso de Isidoro Barrios, lo es con mucha más razón en el de Antonia de la Cruz, que fue a declarar alas dependencias policiales sin haber sido citada ni identificada previamente.

6. La falsa imputación

El ministro Alonso aseguró en su comparecencia que "hay motivos racionales y suficientes para entender que existe -siempre, naturalmente, a los efectos en los que se mueve la investigación policial- tal tipo penal".

El portavoz del GPP, sin embargo, le echa en cara que los militantes del PP "han sido detenidos sin saber por qué, cuando se habían limitado a participar en una manifestación, en solidaridad con las víctimas del terrorismo, y ejerciendo un derecho constitucional innegable, el de manifestación. Han sido prejuzgadas, incluso con notas de la propia Delegación del Gobierno, acusados y apuntados como autores de algo que no han hecho".

La sentencia considera probado que la detención no sólo se produce sobre la base de una inexistente identificación de los detenidos, sino de una falsa imputación en la comisión del delito de atentado.

7. La falta de pruebas

El ministro Alonso defendía en su comparecencia la profesionalidad de los funcionarios implicados en la detención de los dos militantes del PP, asegurando que existían "indicios de autoría" para detenerlos.

Zaplana le respondía entonces, en aquella comparecencia, que los dos militantes populares habían sido detenidos "sin que haya el más mínimo indicio de comisión de un delito, tan solo la aparición en una foto, y son acusados de un delito de amenazas y atentado".
La sentencia demuestra que el inspector 16.444 se negó a practicar la detención de Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz "por entender que no tenían pruebas en ese momento que les inculparan", motivo por el que fue separado del caso y relevado en la instrucción del atestado.

8. La detención ilegal

"Nada de detención ilegal", dijo en su comparecencia el actual ministro de Defensa al Portavoz del GPP. Zaplana le reprochó por su parte, que "dos ciudadanos españoles por el mero hecho de participar en una manifestación ejerciendo su derecho constitucional y de ser miembros del Partido Popular son detenidos con muchísima notoriedad, se facilitan sus nombres, y se vulneran desde nuestro punto de vista todos sus derechos".

La sentencia condena a los tres funcionarios policiales por detención ilegal.

9. La responsabilidad política del delegado de Gobierno

El ministro Alonso exculpó al Delegado del Gobierno de cualquier responsabilidad política en las detenciones, a pesar de que Zaplana le recordó que el anuncio de las detenciones fue realizado previamente por Constantino Méndez, cuando en ese momento, el día 24 de enero, no había habido identificaciones de ningún tipo de delito. Esto mismo es lo que señala sentencia, que declara abiertamente que el Delegado del Gobierno faltó a la verdad, al anunciar unas detenciones cuando las diligencias no había constancia alguna de delito.

10. La intencionalidad política

El entonces ministro del Interior aseguró que "ni el ministro del Interior ni ninguna persona de la estructura política del Gobierno dirigió ninguna orden o consigna alguna, ni la más mínima, relativa a la investigación policial, ni muchísimo menos la de detener o dejar de detener a nadie".

Zaplana le contestaba entonces que "tenemos una acreditación policial de que no se ha producido agresión, una voluntad política inequívoca de investigar y localizar autores de un a agresión que no existía; voluntad política -les he citado dos opiniones, la suya y la del señor Blanco, pero puedo citarles más- y esa voluntad de más indica que es necesario que se practiquen detenciones de personas y se apunta a una determinada formación política, a un determinado partido político".

La sentencia viene a declarar que sí hubo voluntad política al asegurar que las detenciones fueron de "complacencia" y "mirando a tendido", y en este sentido señala que todos los delitos y actuaciones ilegales se cometen a partir de anuncio de Delegado del Gobierno.

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